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Romper el hielo: los primeros sex shops llegan a Andorra
Andorra la Vella - M. Martí
2006-04-25
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En Andorra, la venta y comercialización de productos pornográficos ha dejado de ser delito para plantearse, ahora, como un negocio con grandes perspectivas. El nuevo Código Penal, aprobado el año pasado, y que entró en vigor el mes de setiembre, despenaliza la venta y comercialización de material pornográfico de adultos y para adultos en el mercado andorrano. Des de entonces, dos empresarios del país han solicitado al Ejecutivo las autorizaciones de apertura para comercios sex shops. De momento, las persianas continúan bajadas mientras el Gobierno no haya comprobado que cumplen con las normas que dicta el Decreto específico, aprobado esta semana pasada en sesión de ministros.
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Abrir no será fácil. El decreto relativo a los establecimientos que en Andorra desarrollan actividades relacionadas con la pornografía, de 19 de abril de 2006, establece que tendrá que haber una distancia mínima de 200 metros reales entre los establecimientos tipo sex shop y los centros educativos, deportivos, de ocio, de culto religioso y de interés histórico, cultural, turístico o similares. Por lo que se refiere a la ubicación, el Decreto dice que los locales no podrán situarse en las avenidas o calles principales de la población. En este sentido, físicamente parece que ya existe un primer obstáculo para el sí a la autorización de las solicitudes de apertura, ya que uno de los dos locales está ubicado en la avenida de Enclar, la principal de Santa Coloma, y el otro se encuentra en la avenida Príncep Benlloch, una de las calles centrales de la capital.
Según la normativa, “las tiendas de productos pornográficos tendrán que garantir opacidad total en los cristales, tanto a nivel general como por lo que se refiere en las secciones donde se encuentren los productos”. El Decreto también es claro cuándo habla de rotulación y publicidad. Los rótulos no podrán incluir métodos pornográficos o de sexo explícito.
El acceso a los sex shops estará prohibido a los menores de edad y a las personas con alguna discapacidad síquica. Así, se dictamina que la prohibición debe estar anunciada en la entrada misma o en la sección en cuestión. Con las exigencias frente a los menores, el Gobierno de Andorra pretende responder así a otro artículo del nuevo Código Penal, el 157, que dicta penas de prisión de hasta un año y multas de hasta 6.000 euros a quien “directamente venda, difunda o exhiba material pornográfico a menores de edad o incapacitados con abuso de su capacidad”.
Con la nueva regularización se prohibe la difusión y venta de artículos a través de máquinas expendedoras automáticas situadas en la vía pública. La ministra portavoz del Gobierno, Montserrat Gil, explicó que estas tiendas no disfrutarán de ningún régimen especial de horarios. Por lo tanto se tendrán que acoger a los que cada año establece por decreto el Gobierno de Andorra. “No se incluye tampoco un régimen especial de sanciones, fuera de las vigentes en materia comercial”, recalcó Gil. Por otro lado, el Ejecutivo prevé medidas cautelares como la retirada o cesamiento de la actividad.
Responsables del Gobierno y los dos empresarios del país que solicitaron la apertura de los sex shops está previsto que se reúnan esta semana. El Ministerio de Economía está analizando si los dos establecimientos que están a la espera de poder abrir para la venta y comercialización de material pornográfico se rigen por la normativa.
El principal partido político a la oposición, el Partido Socialdemócrata (PS), considera que el Decreto equivale a impedir un derecho constitucional para los ciudadanos que quieran consumir estos productos y equivale también a prohibir una práctica aprobada como es la comercialización y venta de productos pornográficos.
El presidente del PS, Jaume Bartumeu, declaró a LA MAÑANA que “el decreto es una demostración de que la capacidad de hacer el ridículo del cap de Govern, Albert Pintat, es muy grande”. Según Bartumeu, el nuevo marco legal sólo permitirá abrir sex shops “en las cimas de las montañas” que además, “es territorio comunal y no se puede construir”. Jaume Bartumeu tienen claro que a los empresarios interesados les será “casi imposible” poder abrir sus locales. La presidenta del Grupo Parlamentario Liberal -mayoritario en el Parlamento, Conxita Marsol, derivó para más tarde sus valoraciones sobre el Decreto aunque sí opinó que “no encuentro necesario que los establecimientos estén fuera de las calles principales”.
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