El Ministerio Fiscal solicita una pena de cinco años de prisión para un joven leridano, nacido en 1979, al cual se le acusa de pertenecer a una red de pornografía infantil por internet establecida en 11 países de Europa y Sudamérica.
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La Guardia Civil detuvo en marzo de 2005 al joven, que responde a las iniciales J.M.M.A., junto a otras 18 personas en el Estado español. Supuestamente el acusado tenía pornografía infantil en su ordenador personal y la difundía desde el mismo.
Los agentes le intervinieron un ordenador, una impresora, un teléfono móvil, una cámara fotográfica digital y 45 CD. En el momento de la detención el acusado negó que comercializara con las imágenes.
El detenido fue trasladado entonces al Juzgado de Instrucción número 2 de Caldas de Reis en Pontevedra que instruía el caso ya que la denuncia se efectuó en dicho juzgado.
La operación, iniciada en Pontevedra, se desarrolló en doce países de Europa e Hispanoamérica, y en el Estado español se llevó a cabo en trece provincias.
A través de Eurojust e Ibered -organismos europeo e iberoamericano encargados de reforzar la cooperación y coordinación judicial entre los diferentes Estados- se localizaron más de novecientas conexiones en España, Francia, Italia, Suecia, Holanda, Chile, Argentina, Panamá, Costa Rica, México, República Dominicana y Uruguay.
En las mismas se llegaron a distribuir más de 20.000 artículos con contenido pedófilo, entre vídeos, fotografías y archivos MP3.
Los implicados distribuían pornografía infantil a través de un chat público de habla hispana. En el Estado español, la operación se ha llevado a cabo en Madrid, Alicante, Valencia, Salamanca, Zamora, Burgos, Vizcaya, Lleida, Barcelona, Asturias, Tenerife, Mallorca y Pontevedra. Las investigaciones se iniciaron en enro de 2005, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la denuncia de un ciudadano de Caldas de Rei (Pontevedra) en la que manifestó la existencia de fotografías de contenido altamente agresivo en las que aparecían menores de muy corta edad y que se podían conseguir a través de una sala de chat.
Posteriormente, debido al ámbito geográfico que abarcaba la investigación, la Guardia Civil a través de la Fiscalía contactó con Eurojust y con Ibered. Durante el desarrollo de la operación se celebraron varias reuniones, en las que participaron jueces de todos los países. Una vez localizadas todas las conexiones en los diferentes países se practicaron registros de forma simultánea en domicilios de España, Francia, Italia, Suecia, Holanda, Chile, Argentina, Panamá, Costa Rica, México, República Dominicana y Uruguay.
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