El Tribunal de la Audiencia Provincial de Lleida condenó ayer a cuatro años de prisión a un joven leridano, nacido en 1979, tras confesarse culpable de corromper a menores. En el juicio, que duró apenas tres minutos, se le acusaba de pertenecer a una red de pornografía infantil por internet establecida en 11 países de Europa y Suramérica.
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El Ministerio Fiscal solicitó en un primer momento una pena de cinco años de prisión para el acusado aunque el joven se conformó con cuatro años de cárcel tras admitir los hechos. En marzo del 2005 la Guardia Civil detuvo al joven, que responde a las iniciales J.M.M.A., junto a otras 18 personas en el Estado español. Supuestamente el acusado tenía pornografía infantil en su ordenador personal y la difundía desde el mismo.
Los agentes le intervinieron un ordenador, una impresora, un teléfono móvil, una cámara fotográfica digital y 45 CD. En el momento de la detención el acusado negó que comercializara con las imágenes.
El detenido fue trasladado entonces al Juzgado de Instrucción número 2 de Caldas de Reis en Pontevedra que instruía el caso ya que la denuncia se efectuó en dicho juzgado.
La operación, iniciada en Pontevedra, se desarrolló en doce países de Europa e Hispanoamérica, y en el Estado español se llevó a cabo en trece provincias.
A través de Eurojust e Ibered -organismos europeo e iberoamericano encargados de reforzar la cooperación y coordinación judicial entre los diferentes Estados- se localizaron más de novecientas conexiones en España, Francia, Italia, Suecia, Holanda, Chile, Argentina, Panamá, Costa Rica, México, República Dominicana y Uruguay.
En las mismas se llegaron a distribuir más de 20.000 artículos con contenido pedófilo, entre vídeos, fotografías y archivos MP3.
Los implicados distribuían pornografía infantil a través de un chat público de habla hispana. En el Estado español, la operación se ha llevado a cabo en Madrid, Alicante, Valencia, Salamanca, Zamora, Burgos, Vizcaya, Lleida, Barcelona, Asturias, Tenerife, Mallorca y Pontevedra. Las investigaciones se iniciaron en enero de 2005, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la denuncia de un ciudadano de Caldas de Rei (Pontevedra) en la que manifestó la existencia de fotografías de contenido altamente agresivo en las que aparecían menores de muy corta edad y que se podían conseguir a través de una sala de chat.
Una vez localizadas todas las conexiones se practicaron registros domiciliarios simultáneos en domicilios de España, Francia, Italia, Suecia, Holanda, Chile, Argentina, Panamá, Costa Rica, México, República Dominicana y Uruguay.
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Nubes, claros y algún chubasco
