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Derriban la granja de Sisteró denunciada por sus malos olores
Sisteró - L.P.
2010-02-19
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Bajo una gran pancarta en la que se leía “Mai Més”, cerca de 200 personas se concentraron ayer junto a la granja de Sisteró que el mismo día tenía que ser derribada por orden judicial, tras la denuncia de una família recién llegada a la población. Todas las principales organizaciones agrarias apoyaban la concentración solidaria con los propietarios de los inmuebles afectados. Los portavoces territoriales de Unió de Pagesos, ASAJA, URAPAC y JARC participaron en el acto y coincidieron en denunciar las trabas que desde la judicatura y la administración afirman estar sufriendo constantemente en un sector lo suficientemente castigado ya por la situación de los últimos años, y reivindicar a la vez la actividad agraria y ganadera como la única que ha permitido que sigan vivos los pequeños pueblos de toda Catalunya.
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Una excavadora de grandes dimensiones ya fue trasladada a primera hora de la mañana, poco antes de que empezaran a llegar muchos agricultores y vecinos del pueblo y alrededores. La incomprensión e indignación por la decisión de derribar una granja y un almacén de paja, los dos en desuso desde hace meses, reinaba entre los asistentes, de forma unitaria, e incluso entre los pocos agentes de seguridad presentes.
Los convocados desplegaron varias pancartas en las que denunciaban las agresiones contra el sector agrario, antes de llegar a la granja justo en el momento que la máquina empezaba a tirarla abajo. La acción calentó los ánimos y provocó que algunos de los presentes decidieran introducirse en su interior, a pesar de las advertencias de los líderes sindicales, que les instaban a no hacerlo. Aún así, media docena de personas permaneció en el interior, por lo que la excavadora detuvo temporalmente su actividad. Seguidamente, los portavoces de los sindicatos congregaron a los presentes al otro lado de la granja, donde les dirigieron unas palabras e hicieron lectura de un manifiesto conjunto en el que exigían poder seguir viviendo y trabajando en el medio rural y apostaban por el aprovechamiento de los recursos públicos para construir y no para destruir.
No se ahorraron ayer críticas contra los tribunales y sus sentencias que, en general, se consideraban totalmente alejadas y ajenas a la realidad cotidiana. El coordinador comarcal de UP en la Segarra, Ramon Vilaseca, explicaba que el juez había basado la sentencia de demolición en una normativa estatal del año 1961, la cual considera esta granja como industria peligrosa e insalubre, “cuando hay sentencias mucho más recientes que no consideran las granjas como industrias de este tipo, las cuales deberían crear juridprudencia”, declaraba Vilaseca. La ley indica que las granjas deben estar a no menos de 2 kilómetros del casco urbano, con lo cual “prácticamente todas las granjas de Catalunya deberían ser derribadas”, porque se han construido “desde siempre dónde había los servicios, luz y agua”.
Los otros portavoces sindicales coincidían con Vilaseca. Joan Graells, Secretario general de URAPAC, calificaba el derribo de “caso insólito que esperemos que no cree un precedente”, mientras Pere Roqué, presidente de ASAJA Lleida, tildaba de “acto indigno echar a tierra la granja de un agricultor, cuando ha sido su medio de vida durante mucho tiempo”. Finalmente, Joan Carles Massot, Vicepresidente de JARC, afirmaba que “no podemos permitir que un agricultor tenga que cesar su actividad por una sentencia judicial”.
El caso de Sisteró plantea muchas paradojas, dadas algunos contradicciones de los propios demandantes, quienes construyeron su casa en una zona rústica, y por lo tanto no apta para una vivienda doméstica, gracias al permiso explícito de los vecinos de su entorno y del propio ayuntamiento, que quiso dejar constancia de la existencia de actividades agrarias y ganaderas en funcionamiento, y explicitando que se aceptaba la construcción siempre que esta no interfiriera en aquellas actividades, condiciones que fueron aceptadas por Ramon Vila i Consol Bureu.
Aún así, los propietarios no tardarían demasiado en empezar una larga batalla judicial contra la granja de Adrià Marquilles y el almacén de Jaume Bosch, basada en los malos olores que provocaban. En el desarrollo de todo este proceso, los denunciantes acabaron ganándose la enemistad de todo el pueblo, aunque finalmente, y tras perder dos primeros pleitos, acabaron ganando el recurso final al TSJC en 2007.
Por todo ello, la granja ahora derribada abandonó la actividad hace más de un año y medio, mientras que el cubierto se encuentra también en desuso. Aún así, la insistencia de los demandantes, que además ya no viven en aquella casa desde hace unos cinco años, provocó que un juez de Lleida acabara ordenando el cumplimiento de la sentencia de derribo.
Tristemente paradójica fue también la mañana del alcalde del municipio, Adrià Marquilles, quien se encontraba en la contradicción de tener que ejecutar la orden judicial y, a la vez, asumirla como propietario perjudicado.
Otros casos de mobbing rural
Una granja de aves de Montornés de Segarra fue denunciada también por unos vecinos de fin de semana por malos olores. Una sentencia judicial ordenó a pricipios de 2009 su cierre.
En 2008 unos turistas denunciaron al Ayuntamiento de Sort porque no habian podido dormir por culpa del ruido de las campanas durante la noche.
A principios de 2009 un ganadero del Ripollés precintó los cencerros de sus yeguas tras las quejas de varios vecinos de fin de semana por el ruido.
El sindicato JARC denunció en 2007 unos 30 casos de moobbing rural en Girona.
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Soleado
