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Ipcena denuncia que el futuro vertedero de Seròs incumple la normativa vigente
Lleida - Redacción
2010-02-27
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La organización ecologista IPCENA denunció ayer que el vertedero que quiere crear la empresa Depósitos Controlados de Catalunya en Seròs es inviable porque incumple la normativa vigente del principio de proximidad. La Ley establece que los residuos se tienen que gestionar cerca de donde se generan, y los residuos de tipo industrial que pretende acoger este vertedero son residuos procedentes de industrias del Área Metropolitana de Barcelona.
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El secretario general de IPCENA, Joan Vàzquez, explicó que el vertedero perteneciente al término municipal de Seròs está situado a once kilómetros del pueblo, al límite del término municipal, a ocho kilómetros de Maials y seis de Almatret. Según Vàzquez, los residuos industriales son los únicos que no pagan ningún canon por contaminación a Catalunya, cuando en los países que pagan se ha conseguido reducir hasta un cincuenta por ciento su producción. El vertedero de Seròs se prevé construir en unos terrenos comprados por la empresa sobre una antigua mina de carbón nombrada Margarita. El proyecto ocuparía diecisiete hectáreas con dos depósitos y diversos equipamientos adyacentes como una carretera y un edificio. La capacidad del vertedero de Seròs será de 350.000 toneladas el año, con una circulación de 59 camiones de 40 toneladas por día, hecho que según IPCENA generaría más de un millón de toneladas de CO2 al año.
La entidad ecologista denuncia que el proyecto está situado a 200 metros del barranco del Pantanal que va al pantano de Riba-roja y que sirve de agua de boca al pueblo de Almatret. Este barranco tiene importantes crecidas de agua. El vertedero producirá un 15% de lixiviados, es decir aguas residuales orgánicas que se podrían mezclar con el agua del barranco, hecho por el que se pide cambiar los límites del vertedero. Desde de IPCENA también se afirma que la mina está situada en un espacio con muy elevado riesgo de accidentes tectónicos y que la contaminación puede afectar a los árboles frutales de la zona. Vàzquez también dijo que la empresa ha intentado sobornar IPCENA ofreciendo dinero a cambio de supervisar el vertedero, y que no se ha informado a los vecinos del pueblo sobre el proyecto. Por estos motivos, diversas organizaciones y pueblos de la zona han presentado alegaciones al proyecto que todavía tiene que pasar por un procedimiento urbanístico, que tendría que incluirse dentro de un Pla General, tener un informe de la Agencia Catalana del Agua y del departamento de Medio Ambiente. Las alegaciones se prevé que tengan respuesta en tres meses y que el proceso se acabe en el plazo de dos años.
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Soleado
